- Manuel Jacques -
Los últimos meses del primer año de gobierno del Presidente de derecha Sebastián Piñera, han estado marcados por fuertes oleadas de empoderamiento de los sectores más reaccionarios, que han asumido una ofensiva de negacionismo, de justificación de medidas de exclusión y de represión. Esta actitud, desplegada a nivel nacional, preocupa y pone en alerta a académicos, políticos y defensores de Derechos Humanos.
Tres significativos hechos que no pueden quedar indiferentes marcan esta tendencia:
1.- La muerte del dirigente mapuche Camilo Catrillanca, asesinado por Carabineros, el 14 de noviembre pasado, por la espalda y con un tiro en la cabeza. Esto constituye una de las situaciones más delicadas del comportamiento de las fuerzas del orden chilenas para reprimir los anhelos de autonomía del pueblo mapuche. Se creó un gran montaje de mentiras para encubrir este asesinato, justificándolo a través de explicaciones de enfrentamiento armado y avalado por las declaraciones de los altos mandos de Carabineros. La Fiscalía demostró que todo era mentira y todos los chilenos vimos, a través de videos que circularon, que fue un montaje siniestro e inhumano. El Presidente Piñera debió pedir la salida inmediata del Director General de Carabineros y de otros altos mandos comprometidos en esta operación denominada “jungla”.
2.- La negación del gobierno chileno de no firmar el Pacto Mundial sobre Migraciones, que 150 países de la ONU firmaron en Marruecos.
Chile ha impulsado una fuerte política para poner coto a la migración, creando un clima de insensible xenofobia y de exclusión, provocando en la población la falsa idea de que los migrantes, peruanos, colombianos, venezolanos y haitianos principalmente, vienen a quitar el trabajo, a delinquir y a desestabilizar el orden y la tranquilidad nacional. Hoy, el gobierno de Chile ha anunciado que iniciará el proceso de expulsión de 12.000 migrantes que no cumplen registros de regularización.
3.- Voces de dirigentes y parlamentarios de derecha de declarar con orgullo su adhesión al pinochetismo y a negar la brutal historia chilena de represión y tortura que se cometieron en los horrorosos años de la dictadura.
Esto ha ocurrido con las declaraciones de la Diputada de derecha Camila Flores, quien ha afirmado que Pinochet fue absolutamente necesario y una persona fundamental para Chile. Estas opiniones han sido refrendadas y aplaudidas públicamente por varios políticos y parlamentarios, lo que muestra una actitud de desparpajo no vista antes en Chile.
Frente a estos hechos y otros, que marcan un peligroso retroceso en la convivencia democrática chilena, organismos de Derechos Humanos y otras de la sociedad civil, artistas, académicos e intelectuales, han ido reaccionando y rearticulando sus propuestas.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos, fundada en 1978, que jugó un rol invaluable y emblemático en todo el período de la dictadura, en estos últimos meses nuevamente ha levantado su voz de alerta y de freno a este retroceso.
Así, en agosto del año pasado, fue una de las principales impulsoras para articular la movilización que significó la salida al recién nombrado Ministro de Cultura, Mauricio Rojas, quien en entrevistas anteriores había dicho que “el Museo de la Memoria, más que un museo se trata de un montaje cuyo propósito es impactar al espectador e impedirle razonar. Tiene un uso desvergonzado y mentiroso de una tragedia nacional….” Frente a esta actitud negacionista, en el Museo de la Memoria se realizó uno de los actos más significativos, masivos y plurales de estos últimos tiempos.
El día lunes 14 de enero, en la sede de la Comisión Chilena de Derechos Humanos se reaizó una conferencia de prensa, con representantes del mundo de la cultura, en apoyo al proyecto de Ley que sanciona el negacionismo, e impulsado por la Diputada Carmen Hertz, viuda de Carlos Berger, fusilado, junto a otros 25 prisioneros, por la Caravana de la Muerte del General Arellano Stark, el 19 de octubre de 1973, en Calama, en un sector desértico denominado Topater.
El destacado poeta nacional, Raúl Zurita, quien se ha levantado como un símbolo frente a este tipo de atropellos señaló en dicha conferencia que “el negacionismo ajusticia a los muertos una vez y muchas veces, pero al hacerlo, también ajusticia a los vivos, ajusticia su memoria y el recuerdo de sus familiares”.
En la Declaración Pública de la Comisión Chilena de Derechos Humanos se dice que “la sanción al negacionismo, a través de una iniciativa legal…, se inscribe en la necesidad de resguardar debidamente la memoria de las víctimas y un aporte indiscutido de la tarea de evitar la repetición de la trágica experiencia vivida por el pueblo chileno”.
El discurso de los sectores de derecha para oponerse a este proyecto legal está sustentado en que con ello se vulneraría la “libertad de expresión”. Al respecto, la Declaración de la Comisión Chilena de Derechos Humanos puntualiza que la libertad de expresión, tal como lo establece las normas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no es un Derecho Humano absoluto, así, el Derecho a la Honra y la Dignidad de las Personas, establecido en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prima por sobre la Libertad de Expresión, como también lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 13 número 5, al establecer la prohibición de toda apología del odio nacional, racial o religioso, que constituyen incitación a la violencia”.
El gobierno, con fecha 31 de enero del presente año, a través del Ministro de Justicia, ha señalado que presentarán indicaciones para eliminar el nuevo tipo penal de negacionismo y de incitación al odio que promueven e incluyen los actuales parlamentarios de oposición.
En la Conferencia de Prensa aludida del 14 de enero de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, algunos artistas hicieron mención al rol que hoy está jugando Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump, y lo alarmante que resulta que haya arrendado el histórico monasterio medioeval de Trisulti, construido en 1204 por el Papa Inocencio III y a 130 kilómetros de Roma, para allí con su grupo, “The Movement” crear el Colegio populista denominado “Escuela de Gladiadores”, para enfrentar las batallas culturales reclutando a militantes y adherentes de la ultraderecha europea para fundar su opción populista de corte neofascista.
En Chile, el Movimiento Populista de Derecha, tiene su principal expresión en José Antonio Kast, quien obtuvo el 7,9% de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales pasadas y que, con propuesta próvida, profamilia, defensor de la propiedad privada, antimigración y discurso populista con el movimiento de Acción Republicana, ha ido ganando notoriedad, visibilidad y seguidores y quien recibió recientemente al hijo de Bolsonaro, de quien se dice ser un amigo y un admirador.
Hacia un nuevo contrato social.
Los anteriores hechos nos llevan a pensar en la forma contractual bajo la cual operan nuestras sociedades.
Uno de los grandes pensadores actuales, Boaventura de Sousa Santos, a través de sus múltiples escritos referidos al análisis de las sociedades y a sus diseños y a las propuestas para reinventar las democracias, nos alerta de la forma como se construye el contrato social de la modernidad. En tal sentido, y siguiendo con su perspectiva, el Contrato Social de Jean Jacques Rousseau, constituye el metarelato y la metáfora fundadora de la racionalidad social y política de la sociedad occidental y bajo la cual sus criterios de inclusión-exclusión fundamentan la legitimidad de la contractualización de las interacciones económicas, políticas, sociales y culturales.
En este plano, el contrato social establece criterios de inclusión que por lógica corresponden a sus criterios de exclusión. En esta afirmación, el contrato social sólo incluye a los individuos y a sus asociaciones, la naturaleza queda excluida. Como lo plantea de Sousa, la “única naturaleza relevante para el contrato social es la humana, aunque se trate en definitiva de domesticarla con leyes del Estado y normas de la convivencia de la sociedad civil”. Se establecen también como criterios de inclusión el que sólo los ciudadanos son parte del contrato social. Todos los demás, mujeres en esa época, extranjeros, inmigrantes, minorías étnicas, quedan excluidos. Viven -a juicio de Rousseau- en el “Estado de Naturaleza”, como denomina al ámbito de todo aquello que permanece fuera del Contrato Social.
Durante las tres últimas décadas, se ha prefigurado una nueva contractualización liberal, el llamado “Consenso de Washington” o “Consenso Económico Neoliberal”, que se configura como el pacto entre los países capitalistas centrales, erigiendo y estableciendo un conjunto de condiciones ineludibles que deben aceptarse, a menos de quedar excluidos del Contrato Social. Como plantea Boaventura de Sousa, este consenso se refiere fundamentalmente entre otros rasgos “a la organización de la economía global, a la promoción de la liberación de los mercados, a la desregulación, la privatización, el minimalismo estatal, el control de la inflación, la primacía de la exportación, recorte del gasto social, la concentración del poder mercantil en las grandes empresas multinacionales y el poder financiero en los grandes Bancos transnacionales”.
A través de esta nueva contractualización se instala así una lógica de imposición, dando la ilusión de igualdad y creando una apariencia engañosa de compromiso y, como ya han hecho referencia variados autores, entre ellos Marcuse, Foucault, el excluido, deja de ser un ciudadano autónomo para convertirse en un siervo, cumpliendo los deseos de su amo, una servidumbre voluntaria que actúa contra sí misma. Este es un “consenso” que no reconoce el conflicto sino que aboga por la cohesión social, por una falsa gobernanza y por un “orden” sustentado en el control del que detenta el poder, que se instala como un poder de disciplinamiento social.
En este diseño contractual de la modernidad, que ahora adquiere además el ribete negacionista, debemos avanzar en pensar en la propuesta de un nuevo pacto sociopolítico que exprese el cambio civilizatorio y se inscriba en la tarea de nuevos paradigmas que permitan avanzar en procesos de dignidad humana y participación social. Así, pensar la propuesta de un nuevo contrato social contribuirá a buscar procesos emancipatorios, que probablemente serán respuesta a “los devaneos del caminante solitario” que Rousseau escribió en sus largas caminatas por París en sus dos últimos años de vida.
El nuevo contrato social tendrá que ser inclusivo, incluyendo migrantes y abarcando la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, como “sujeto de derecho” como lo proclama el artículo 71 de la Constitución ecuatoriana; conflictivo y articulador, en la medida en que se debe plantear, tanto en pro de movimientos por la igualdad, como por el reconocimiento a la diferencia, y en esa dimensión, debe ser eminentemente plural, plurinacional y donde el Estado juegue un rol de articulación; el espacio y el tiempo deben acompasarse en la dimensión de lo global, nacional y local y; establecerse estrategias de emancipación que recuperen la soberanía popular, y cuya carta de navegación sean los parámetros éticos, basados en los principios y valores de los Derechos Humanos.
Sin duda que el actual abandono en el cumplimiento de este imperativo ético, ha generado desconfianza, pérdida de credibilidad y un malestar de la ciudadanía, lo que ha posibilitado el surgimiento de estas tendencias populistas y negacionistas.
Pensar y avanzar en la construcción de un nuevo pacto político-social, pondrá freno al peligroso retroceso que hoy quiere dominar a la sociedad y en particular, a América Latina y recuperará la esperanza para una sociedad de dignidad y decencia.
Manuel Jacques - Abogado. Decano Facultad de Derecho Universidad Bolivariana. Vicepresidente Comisión Chilena de Derechos Humanos
muito bom texto!